La guarda y custodia compartida se ha consolidado como el sistema preferente en los tribunales, ya que se entiende que garantiza el interés superior del menor al permitirle mantener una relación equilibrada con ambos progenitores. Sin embargo, esta modalidad resulta incompatible en situaciones de violencia de género.
El artículo 92.7 del Código Civil establece que no procederá la guarda conjunta cuando alguno de los progenitores esté inmerso en un proceso penal por atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad sexual del otro progenitor o de los hijos. Asimismo, tampoco procederá si el juez advierte la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo refuerza este criterio, señalando que la custodia compartida requiere una relación de mutuo respeto y cooperación entre los progenitores. En casos de violencia, dicha armonía es imposible y los menores pueden verse afectados directa o indirectamente, lo que justifica medidas de custodia monoparental o alternativas que prioricen su seguridad y desarrollo emocional.
Un ejemplo reciente es la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2023 (rec. 8870/2021), en la que se confirmó la custodia monoparental a favor de la madre debido a la existencia de maltrato habitual por parte del padre. La resolución subraya que la violencia proyectada sobre la menor y la madre impedía cualquier ejercicio responsable de la guarda compartida.
Además, la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, exige que la vida y desarrollo del menor se lleve a cabo en un entorno libre de violencia. En Cataluña, el artículo 233.11.3 del CCC refuerza esta protección al impedir la atribución de guarda a progenitores condenados o investigados por violencia familiar o machista.
En conclusión, la incompatibilidad entre violencia de género y custodia compartida se fundamenta en la necesidad de proteger el interés superior del menor, asegurando su desarrollo seguro y equilibrado, así como su derecho a crecer en un entorno libre de violencia.
Como profesional especializado en violencia de género, es fundamental acompañar y asesorar a las víctimas en estos procesos, garantizando que los menores se encuentren protegidos y su bienestar sea priorizado.
